Después de dos meses sin sesiones, los legisladores porteños volverán al recinto con varios temas institucionales pendientes. Entre los principales aparecen el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad, la designación del Fiscal General y la renovación de autoridades de la Defensoría del Pueblo.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para retomar la actividad parlamentaria después de dos meses sin sesiones y con una agenda marcada por definiciones vinculadas con la Justicia y los organismos de control porteños.
Uno de los principales temas será el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad, un proceso que modificaría dónde deberán tramitarse en el futuro los nuevos conflictos laborales que se produzcan en territorio porteño.
El oficialismo busca tratar el convenio firmado entre los gobiernos nacional y porteño, que ya obtuvo la aprobación del Congreso Nacional y necesita ahora el aval de la Legislatura para completar el procedimiento institucional.
La Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales emitió dictamen sobre el expediente, por lo que el acuerdo quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto.
Cómo funcionaría el nuevo fuero laboral
El traspaso no significará que las causas actualmente en trámite pasen inmediatamente a los tribunales porteños. La propuesta establece que los expedientes iniciados con anterioridad continúen en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su finalización.
En cambio, una vez que entre en funcionamiento el nuevo sistema, las nuevas demandas laborales comenzarían a tramitar ante la Justicia de la Ciudad. El cambio implicará que los futuros conflictos laborales que lleguen a instancia judicial podrían quedar bajo la competencia de los tribunales porteños.
La Ciudad trabaja además en la conformación de la estructura necesaria para poner en marcha el nuevo fuero. El Consejo de la Magistratura ya inició los procedimientos para seleccionar jueces, camaristas, fiscales y otros funcionarios judiciales.
La intención es comenzar con una estructura más reducida que la actual Justicia Nacional del Trabajo y ampliarla progresivamente.
Uno de los puntos que todavía deberá resolverse es el financiamiento del traspaso. Nación y Ciudad tendrán que acordar los recursos necesarios para sostener la nueva estructura, mientras continúe funcionando paralelamente el fuero nacional para resolver las causas ya iniciadas.
Fiscal General y Defensoría del Pueblo
La agenda legislativa también incluye varias designaciones de relevancia institucional. Entre ellas se encuentra la continuidad de Javier López Zavaleta al frente de la Fiscalía General de la Ciudad. Actualmente ocupa ese cargo tras la salida de Juan Bautista Mahiques.
También deberá definirse la renovación de las autoridades de la Defensoría del Pueblo porteña, organismo encargado de recibir reclamos y defender los derechos de los habitantes de la Ciudad frente a acciones u omisiones de organismos públicos y prestadores de servicios.
La actual defensora, María Rosa Muiños, busca continuar al frente del organismo, mientras también se negocian las designaciones de los defensores adjuntos.
Con estos temas sobre la mesa, la Legislatura inicia un segundo semestre con varias definiciones institucionales pendientes. Una vez superada esta etapa, la discusión política comenzará a concentrarse en otro de los debates centrales del año: el Presupuesto porteño para 2027.