Un informe de la Auditoría General de la Ciudad detectó irregularidades en la administración de los contratos de higiene urbana. La investigación analiza el esquema de recolección de 2021, con más de $ 24.000 millones involucrados. La situación también alcanza a la Comuna 11, incluida en una de las zonas concesionadas.
La gestión de los residuos vuelve a quedar bajo la lupa en la Ciudad de Buenos Aires. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó distintas irregularidades en la ejecución y administración de los contratos correspondientes al servicio de higiene urbana. La investigación puso el foco en la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/2013, uno de los contratos más importantes del sistema de recolección porteño.
El informe auditó particularmente el ejercicio 2021 y determinó que los servicios vinculados con esa licitación representaron ese año más de $ 24.277 millones devengados, mientras que, sumados otros gastos analizados, el total alcanzó los $ 24.295 millones.
El dato adquiere relevancia para los vecinos de la Comuna 11, porque Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre forman parte de la Zona 3 de recolección, junto con barrios de las Comunas 12 y 15. Esa zona está a cargo de Solbayres, según la información oficial del Gobierno porteño.
Contratos prorrogados y falta de controles
Uno de los principales cuestionamientos de la Auditoría está relacionado con las prórrogas de los contratos. Según el informe, las concesiones derivadas de la licitación fueron extendidas por cuatro años sin realizar nuevos concursos públicos y sin que, de acuerdo con los auditores, estuviera debidamente justificada esa decisión.
La investigación también encontró problemas en la administración y control de los servicios. Entre otras observaciones, señaló inconsistencias entre los montos certificados por las empresas y los valores establecidos en los contratos.
El informe analizó además gastos que fueron imputados al programa Servicios de Higiene Urbana pese a no corresponder directamente con el objeto de la licitación. De acuerdo con la Auditoría, se trató de más de $ 280 millones en gastos vinculados, entre otras cuestiones, con salarios de operarios de empresas contratistas y provisión o reposición de contenedores.
Otro de los puntos observados fue la información relacionada con la flota de vehículos y equipos utilizados para prestar el servicio. Los auditores encontraron inconsistencias en los inventarios y señalaron que parte de los vehículos superaba la antigüedad prevista.
El problema también se ve en los barrios
Más allá de los números, las observaciones de la Auditoría adquieren una dimensión concreta para quienes viven en los barrios. En la Comuna 11, el funcionamiento de los contenedores, el barrido y la recolección forman parte de los reclamos cotidianos de los vecinos.
En marzo de 2024, por ejemplo, ya se habían recogido numerosas quejas por el estado y funcionamiento de los contenedores en Villa Devoto. Entre los problemas señalados aparecían recipientes con mecanismos rotos o deteriorados y residuos acumulados en sus alrededores.
La situación debe analizarse además teniendo en cuenta la magnitud del servicio. La Ciudad está dividida en siete zonas de recolección y limpieza. La Zona 3, donde se encuentra toda la Comuna 11, comprende 2.277 cuadras dentro de la comuna y forma parte de un área de servicio que también incluye a las Comunas 12 y 15.
Por eso, las irregularidades administrativas señaladas en un contrato de esta magnitud no son solamente una cuestión contable. El funcionamiento del sistema repercute directamente sobre la limpieza de las calles, el estado de los contenedores y la frecuencia con que se retiran los residuos.
Reclamos que no se resuelven
Otro de los aspectos señalados por la Auditoría está relacionado con la respuesta a los reclamos de los usuarios. El informe indica que el 52 % de los reclamos vinculados con el Servicio Público de Higiene Urbana no fueron resueltos dentro de los plazos establecidos.
También se detectaron problemas en la forma de presentar los datos de gestión. La falta de criterios homogéneos, según los auditores, dificulta comparar el desempeño de las distintas empresas y evaluar su evolución a lo largo del tiempo.
Esto resulta particularmente relevante para los vecinos que utilizan los canales de reclamo porteños cuando encuentran un contenedor desbordado, calles sin barrer o problemas con la recolección. El Gobierno de la Ciudad establece que la prestación está organizada por zonas y que cada empresa tiene responsabilidades específicas sobre el servicio.
Una discusión que sigue abierta
La auditoría no significa por sí misma que todo el sistema de recolección funcione de manera irregular ni que las empresas hayan cometido delitos. Se trata de un informe de control que identifica deficiencias en la gestión, documentación, administración y seguimiento de los contratos públicos.
El documento de la AGCBA plantea, sin embargo, interrogantes sobre la manera en que la Ciudad administra uno de sus servicios públicos más costosos y cotidianos.
Para los vecinos de la Comuna 11, el debate tiene una traducción sencilla: cuánto dinero se destina al servicio, cómo se controla a las empresas que lo prestan y qué resultados reciben los barrios a cambio.
En una Ciudad que genera alrededor de 8.000 toneladas de residuos por día, garantizar una recolección eficiente requiere no solamente camiones y contenedores, sino también controles, información pública y mecanismos eficaces para corregir los problemas detectados.
En la Comuna 11, donde el servicio está a cargo de una empresa concesionaria que atiende miles de cuadras, el informe vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que afecta directamente la vida cotidiana: si los contratos son millonarios, ¿quién controla que cada peso destinado a la limpieza termine efectivamente en un mejor servicio para los vecinos?