El Gobierno porteño cerró 40 comedores que calificó como “fantasma” y avanza con un sistema de control digital de las prestaciones alimentarias. La transformación alcanza a una red de más de 500 espacios y se complementa con la expansión de Ciudadanía Porteña, que permite realizar compras de alimentos de manera directa.
La política de asistencia social de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una etapa de fuerte transformación, con un objetivo declarado por el Gobierno porteño: reducir la intermediación de organizaciones y avanzar hacia un modelo en el que la ayuda llegue de manera directa a las personas beneficiarias. El cambio también tiene impacto en los barrios de la Comuna 11, donde funcionan distintos dispositivos de atención social y donde numerosas familias utilizan programas destinados a cubrir necesidades básicas.
El proceso comenzó con una fiscalización integral de la red de cobertura alimentaria porteña. Según informó el Gobierno de la Ciudad, el relevamiento alcanzó a más de 500 comedores y permitió detectar 40 espacios que no funcionaban como tales, no entregaban las raciones declaradas o presentaban dificultades para comprobar su actividad. Como consecuencia, se suspendieron más de 5.000 raciones que no pudieron ser justificadas y se dispuso el cierre de esos establecimientos.
La revisión también incluyó un cruce de los padrones presentados por los comedores hasta noviembre de 2025 con registros oficiales. Allí aparecieron 454 personas fallecidas, 196 personas con dos o más inmuebles registrados, 1.517 con dos o más automóviles y 476 con ingresos superiores a los dos millones de pesos mensuales. El Gobierno porteño difundió estos datos como parte de los argumentos para modificar el mecanismo de distribución de la asistencia.
A partir de estos controles, la Ciudad busca que cada ración pueda ser identificada y que exista información precisa sobre quién recibe la asistencia. Para eso incorporó herramientas digitales destinadas a registrar beneficiarios y controlar en tiempo real la entrega de alimentos. La intención oficial es que el seguimiento alcance tanto a los comedores como a los proveedores y permita detectar rápidamente posibles irregularidades.
Ciudadanía Porteña, cada vez más digital
Uno de los principales pilares de este cambio es Ciudadanía Porteña, el programa destinado a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad mediante una ayuda económica para productos de primera necesidad, salud y educación. La Ciudad avanzó con la digitalización del beneficio y habilitó su utilización mediante Buepp, la billetera virtual del Banco Ciudad.
El esquema permite que quienes reciben el beneficio realicen compras directamente en comercios adheridos, sin que una organización tenga que administrar el dinero o distribuir los productos.
En marzo, además, el Gobierno porteño anunció la incorporación de Farmacity al programa: las 94.500 personas beneficiarias podían utilizar la tarjeta en sus 173 locales de la Ciudad para acceder a medicamentos y otros productos incluidos en la prestación.
Para los vecinos de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita, el cambio implica que una parte de la asistencia alimentaria se relaciona cada vez más con mecanismos individuales y digitales. La posibilidad de utilizar el beneficio cerca del domicilio busca facilitar las compras cotidianas y, al mismo tiempo, ampliar el control sobre el destino de los recursos públicos.
El Gobierno porteño sostiene que esta reorganización no significa eliminar la asistencia, sino modificar la forma en que se administra. Actualmente, según sus propios datos, más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria diaria a través de comedores, centros de primera infancia, paradores y el programa Ciudadanía Porteña.
Un cambio que se cruza con la política nacional
La transformación porteña se desarrolla en paralelo con la decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de programas sociales heredado del Potenciar Trabajo.
En 2024, sus titulares fueron distribuidos principalmente entre Volver al Trabajo y Acompañamiento Social: más de un millón de personas fueron transferidas al primero y más de 260.000 al segundo.
En marzo de este año, el Gobierno nacional comunicó que abril sería el último mes de Volver al Trabajo. El programa alcanzaba a alrededor de 900.000 personas y la última asignación estaba prevista para el 09 de abril. La alternativa anunciada para quienes quieran continuar vinculados con políticas de capacitación apunta a reemplazar las transferencias monetarias por herramientas de formación laboral.
El cambio abre un debate que excede la discusión política sobre los intermediarios. Mientras el Gobierno sostiene que la digitalización permite controlar mejor los recursos y garantizar que lleguen a quienes realmente los necesitan, organizaciones sociales y sectores académicos advierten sobre las dificultades que pueden enfrentar las personas con menor acceso a herramientas digitales o que dependen de redes territoriales para resolver necesidades urgentes.
En la Comuna 11, como en el resto de la Ciudad, el desafío será comprobar cómo funciona el nuevo esquema en la vida cotidiana: si facilita el acceso a la asistencia, si reduce efectivamente las irregularidades y si logra sostener la cobertura para las familias que necesitan acompañamiento estatal. La discusión ya no pasa solamente por quién distribuye la ayuda, sino también por cómo garantizar que ningún vecino que la necesite quede afuera del sistema.