Tras casi cinco años de reclamos, la Justicia porteña declaró la nulidad del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo hizo lugar a una demanda presentada por organizaciones y personas con discapacidad, que cuestionaban la forma en que se elaboró y aprobó la normativa en la Legislatura.
La resolución fue dictada por la jueza Elena Liberatori, quien sostuvo que durante el tratamiento del Código se vulneró el derecho a la participación ciudadana. Según el fallo, las instancias abiertas antes de la sanción de la norma, en 2018, no garantizaron una intervención real de la sociedad, sino que funcionaron como simples trámites formales.
Reclamos que no fueron respondidos
La demanda fue iniciada por Eduardo Joly, de la Fundación Rumbos, y luego se sumaron personas con discapacidad, organizaciones sociales, ambientales y vecinales. Todas plantearon cuestionamientos vinculados a la accesibilidad, el uso del espacio público y las condiciones de habitabilidad que habilitaba el nuevo Código.
Uno de los puntos centrales del fallo es que los legisladores no dieron respuestas fundadas ni satisfactorias a las observaciones presentadas durante el proceso de debate. Para Liberatori, la participación ciudadana terminó reducida a un “decorado” o a un requisito formal que había que cumplir antes de avanzar con la aprobación de la norma.
Críticas por una ciudad menos accesible
La jueza también cuestionó el contenido del Código de Edificación y advirtió que la normativa “profundizó las condiciones materiales y sociales que generan discapacidad”. Entre los aspectos señalados aparecen la posibilidad de construir viviendas de dimensiones reducidas, microdepartamentos y baños que no garantizan condiciones adecuadas de accesibilidad.
Además, el fallo remarcó que la normativa deja sin suficiente control ciudadano cuestiones vinculadas a las veredas, un punto clave para las personas con movilidad reducida, ya que las condiciones del espacio público pueden convertirse en un riesgo cotidiano.
“Se sigue construyendo una ciudad expulsiva”
Desde la Fundación Rumbos celebraron la decisión judicial y remarcaron que el reclamo no apunta solo a las personas con discapacidad, sino al derecho de toda la ciudadanía a participar de manera efectiva en decisiones que impactan sobre la vida urbana.
María Rodríguez Romero, integrante de la organización, explicó que durante el análisis de los borradores del Código detectaron “regresiones” en materia de accesibilidad. Según señaló, no se tuvieron en cuenta avances ya reconocidos ni los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre los cuestionamientos mencionó la reducción de dimensiones mínimas en viviendas, dormitorios y baños, lo que puede impedir o dificultar el uso de esos espacios por parte de personas en silla de ruedas.
Un fallo clave, aunque apelable
Si bien la sentencia puede ser apelada, desde las organizaciones consideran que se trata de un antecedente importante. El fallo vuelve a poner en discusión cómo se planifica y construye la Ciudad, y qué lugar se les da a los vecinos y organizaciones en ese proceso.
Para Rodríguez Romero, desde la sanción del Código en 2018 se continuó consolidando una ciudad “expulsiva” para las personas con discapacidad. Por eso, remarcó que la resolución judicial no solo cuestiona una norma, sino también una forma de tomar decisiones públicas sin escuchar de manera efectiva a quienes serán directamente afectados.
La decisión judicial abre ahora un nuevo escenario político e institucional. Mientras se espera una posible apelación, el debate sobre el Código de Edificación vuelve a instalarse en la agenda porteña, con un eje central: construir una Ciudad más accesible, participativa e inclusiva.